En una decisión largamente esperada por las comunidades del borde costero de la Región de O’Higgins, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió abrir formalmente un procedimiento de revisión del cumplimiento ambiental del proyecto Embalse Convento Viejo, tras constatar la existencia de impactos ambientales no previstos en la Laguna de Cáhuil y su entorno.
La resolución, adoptada en la ciudad de Rancagua bajo el marco del artículo 25 quinquies de la Ley 19.300, permitirá evaluar si el proyecto ha cumplido efectivamente con su Plan de Seguimiento Ambiental, considerando antecedentes que dan cuenta de alteraciones no consideradas al momento de su aprobación. Este procedimiento constituye un avance clave en la defensa del humedal y de la actividad salinera tradicional, reconocida como parte fundamental del patrimonio cultural vivo del territorio.
Este hito es resultado de un proceso iniciado en 2023 por la Municipalidad de Pichilemu, junto a las comunidades afectadas, y responde a una demanda sostenida en el tiempo por las y los salineros, quienes por años han advertido sobre los efectos negativos que la operación del embalse ha tenido sobre el equilibrio ecológico de la laguna y sobre su forma de vida.
Durante la sesión que dio origen a esta decisión, salineros de Cáhuil, Barrancas y La Villa, junto a organizaciones ambientales del territorio, presentaron antecedentes que evidencian impactos económicos, ambientales, culturales y en la salud mental de quienes desarrollan actividades productivas en torno a la laguna. La votación final, nueve votos a favor, dos en contra y una abstención, permitió aprobar el inicio del procedimiento, abriendo una etapa crucial para la acreditación de las afectaciones al humedal y a la actividad salinera.
Desde la Cooperativa Campesina de Salineros de Cáhuil, Barrancas y La Villa, su presidente, Juan Moraga, valoró la resolución señalando que se trata del inicio de un proceso profundamente esperado por las comunidades. Según indicó, la operación deficiente del embalse ha provocado una disminución de hasta un 80 % en la producción de sal, afectando gravemente una actividad que no solo sostiene economías locales, sino que también resguarda saberes, oficios e identidades transmitidas por generaciones.
La apertura de este procedimiento marca un precedente relevante en la relación entre infraestructura, gestión ambiental y patrimonio cultural, y refuerza la importancia de incorporar la voz de las comunidades en la evaluación de proyectos que impactan ecosistemas frágiles y prácticas tradicionales. Para los salineros de Cáhuil, Barrancas y La Villa, este avance representa una señal concreta de esperanza y un paso decisivo hacia el reconocimiento del daño causado y la protección integral de su territorio.